Sin excepciones ni privilegios, Gobierno de Puebla sanciona actos de corrupción

• La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició más de 300 expedientes de investigación.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de prevenir, detectar, investigar e inhibir prácticas contrarias a la legalidad, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupción, inició 312 expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa, y por otro lado, mantiene en observación 179 procedimientos de esta índole.

El gobernador Alejandro Armenta refirió que se combinan acciones preventivas con la aplicación firme de la normatividad, cuando existen elementos que acrediten responsabilidades administrativas. Por ello, como resultado de estos procesos, se impusieron las primeras 27 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, mientras que los asuntos relacionados con faltas graves se remitieron a las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a la ley.

Estas acciones reflejan la convicción institucional de que todas las áreas de la administración pública se encuentran sujetas a revisión y de que toda persona debe asumir las consecuencias de sus actos, en congruencia con los principios de transparencia y de buen gobierno, que a nivel nacional lidera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sumado a la cultura de la denuncia y del vínculo con la ciudadanía, actualmente operan 534 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias en dependencias y entidades estatales donde se brindan trámites y servicios. A estos mecanismos se suma la plataforma PROintegridad, prointegridad.puebla.gob.mx, la atención presencial y la línea telefónica 22 23 03 46 00 a las extensiones 3466, 3493, 3497, 3467 y 3464, con el propósito de facilitar a la población el acceso a canales confiables para reportar irregularidades.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno atendió 5 mil 184 señalamientos ciudadanos relacionados con posibles hechos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas, 810 quejas se remitieron a las autoridades competentes, con 540 asuntos concluidos y 270 en etapa de seguimiento. Asimismo, se recibieron 214 denuncias formales, de las cuales 168 concluyeron y 46 se turnaron a las autoridades investigadoras correspondientes. Además, mil 398 personas recibieron orientación para acudir a otros entes públicos competentes. A estas acciones se suman 2 mil 006 orientaciones ciudadanas brindadas a través de la línea PROintegridad.

En materia de investigación administrativa, los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, por oficio o como resultado de auditorías y revisiones permanentes. En cada caso se ordenaron diligencias para la obtención y análisis de información, la revisión documental y la toma de declaraciones, con apego a criterios técnicos y jurídicos.
Durante el ejercicio, 77 investigaciones iniciadas en este periodo concluyeron, además del cierre de 306 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, lo que permitió evitar rezagos en la atención de los asuntos.

Entre los casos relevantes se encuentra el expediente relacionado con el Museo Internacional del Barroco, en el cual continúan las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan conforme al marco legal aplicable.

Cabe resaltar que para las faltas graves, los procedimientos se remitieron a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, instancia encargada de su substanciación y resolución.

Asimismo, cuando el Gobierno del Estado identificó posibles conductas constitutivas de delito, la dependencia dio vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de que las investigaciones continuarán por la vía penal, sin excepciones ni privilegios.

La administración estatal reitera que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley así lo determina. El combate institucional a la corrupción permite proteger los recursos públicos, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia un buen gobierno donde la honestidad constituye la regla y no la excepción.

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