Presenta Clara Brugada Estrategia Contra Despojo de Inmuebles para la defensa del patrimonio de las familias

• La Jefa de Gobierno señaló que se reformará el Código Penal para elevar las penas hasta 22 años de prisión a quienes incurran en despojos, con diversas agravantes, como apoderarse de suelo verde, inmuebles del gobierno o aprovecharse de cargos públicos para ello
• Anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo y la presentación de reformas a diversas leyes para fortalecer las penas judiciales a quienes incurran en el delito de despojo
• Este año se han asegurado 265 inmuebles por delitos de despojo, de los cuales se han devuelto 196 a sus propietarios, y 94 personas fueron detenidas en flagrancia

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la presentación de la Estrategia Contra el Despojo de Inmuebles en la Ciudad de México, que incluye el fortalecimiento institucional e iniciativas de reformas legales para sancionar, con hasta 22 años de prisión, a quienes incurran en este delito, además de establecer un blindaje contra la corrupción y el uso de documentos apócrifos, todo con la finalidad de proteger a las personas, su patrimonio y sus derechos.

“Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata. Como sabemos, el delito de despojo es un fenómeno multifactorial y estructural que combina vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y muchas veces redes criminales que operan con total impunidad”, indicó la titular del Ejecutivo local.

En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina explicó que la estrategia incluye las acciones del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, el cual revisa los casos de la ciudadanía y está integrado por diversas dependencias capitalinas, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Poder Judicial local.

Además, anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, que dependerá de la Secretaría de Gobierno, y refirió que en los próximos días se enviarán al Congreso de la Ciudad de México un conjunto de iniciativas de reformas, que incluyen aumentar las penas por despojo y sus agravantes, sanciones que alcanzarán entre 11 y 22 años de prisión.

Añadió que se implementarán penas a quienes operen este delito en zonas de conservación ecológica o con valor histórico o patrimonial, y se crearán mecanismos de protección cautelar. La estrategia –dijo– combina esfuerzos para el fortalecimiento institucional y mecanismos para que la población pueda ser asesorada y apoyada.

La mandataria capitalina sostuvo que “cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad y la seguridad de las familias, y defender el patrimonio de las familias es defender el bienestar de las personas en esta ciudad”.

En tanto, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se reformará el artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México para sancionar el despojo con penas de seis a 11 años de prisión en su tipo base, y de 12 a 22 años de prisión cuando existan agravantes.

Entre las nuevas agravantes están las siguientes: cuando participen personas que simulen tener un cargo público; cuando se suplante la identidad del legítimo propietario o poseedor del inmueble o de su representación legal; cuando participe una persona titular de notaría pública en ejercicio o con motivo de sus funciones, o personas que, sin tener carácter de notario, accedan a documentos o datos notariales, en virtud de una relación laboral. También se consideran agravantes cuando el despojo se trate de un predio declarado área natural protegida, o sea, un inmueble propiedad del gobierno capitalino, entre otras.

Bertha Alcalde señaló que se propone agregar un artículo 238 Bis para equiparar ciertas conductas con el delito de despojo.

“La idea es que cuando haya inmuebles que están ocupados por personas que no tienen derecho como tal, a ocuparlo, más allá del tema del proceso legal correspondiente al proceso civil que atienda de quién es, quién es el dueño de este inmueble, si hay como tal una solicitud de la autoridad, de que este inmueble debe ser desalojado como tal, estas solicitudes se van a analizar en el gabinete, para estar seguros de que sean solicitudes legítimas y legales, y si las personas deciden no desocupar el inmueble, esta conducta se va a equiparar, como tal, al despojo”, explicó.

La otra conducta que será considerada despojo es cuando valiéndose de un cargo público, de su calidad de notario, de cualquier agrupación de carácter sindical o social, participe en el despojo u obtenga cualquier beneficio. Estas reformas también servirán para castigar a grupos delincuenciales dedicados a la ocupación ilegal de inmuebles.

La fiscal informó que este año se han asegurado 265 inmuebles por delitos de despojo, de los cuales se han devuelto 196 a sus propietarios.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que la nueva Unidad Operativa Especializada en Despojos proveerá los insumos necesarios para atender los casos, y trabajará de forma coordinada con el gabinete de esta materia. En ese sentido, dijo que se atienden los casos de la población conforme a un protocolo que se inicia con la recepción de información, la revisión e integración del expediente, y a partir de ello el gabinete determina las acciones a realizar para recuperar los inmuebles.

Mencionó que la ciudadanía puede solicitar apoyo en la nueva línea telefónica especializada en despojos: 55-5345-8120; también puede acudir a las jornadas del Zócalo de Gobierno Ciudadano, Gobierno Casa por Casa, asambleas de Territorios de Paz e Igualdad, o bien recurrir a redes sociales de la secretaría, denunciar ante el Ministerio Público, llamar a Locatel o al 9-1-1.

Cravioto Romero explicó que los tres tipos de despojos más frecuentes son: actos simulados con documentos falsos; actuación violenta con amenazas o uso de la fuerza, y el usufructo ilegítimo de un inmueble.

Añadió que se harán cambios a la Ley del Registro Público de la Propiedad y al artículo 41 de la Ley Registral para la Ciudad de México, con el fin de evitar fraudes con documentos apócrifos supuestamente emitidos por notarías de otras entidades federativas.

En tanto, la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, remarcó que con los ajustes previstos a la Ley del Registro Público de la Propiedad y a la Ley Registral se busca evitar vacíos jurídicos y establecer un blindaje institucional contra el uso de documentos notariales apócrifos.

En ese sentido, Héctor Muñoz Ibarra, director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, precisó que este blindaje se enfoca en los documentos en papel ingresados por ventanilla.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que entre enero y julio de este año la policía capitalina detuvo a 94 personas en flagrancia por el delito de despojo. Resaltó que la propuesta de reforma al Código Penal para el delito equiparado de despojo facilitará la detención en flagrancia en los casos de personas que de manera ilegítima están dentro de inmuebles que son de otras personas.

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