Gobierno de Yucatán adelantará 25% del aguinaldo a trabajadores estatales por el Buen Fin

Con acciones que fortalecen la economía familiar y promueven el consumo responsable, el Gobernador Joaquín Díaz Mena impulsa políticas que benefician a las y los trabajadores del Gobierno estatal y apoyan al comercio local yucateco.
 

El Gobierno del Estado adelantará el 25% del aguinaldo a más de 38 mil trabajadoras y trabajadores de la administración estatal, con el propósito de apoyar la economía familiar e impulsar el consumo local durante el Buen Fin.
 
El Gobernador Joaquín Díaz Mena informó que esta medida busca brindar un apoyo real para las familias yucatecas, especialmente en una época en la que muchos hogares planean sus compras o enfrentan gastos importantes.
 
Destacó que el adelanto de esta prestación refleja el compromiso de su administración con el bienestar de las y los servidores públicos y con la dinamización de la economía local. El pago se efectuará el próximo 12 de noviembre, beneficiando directamente a servidoras y servidores públicos de todas las dependencias estatales.
 
De acuerdo con el mandatario, esta medida también tiene como objetivo fomentar el consumo responsable y fortalecer al comercio yucateco, que desempeña un papel esencial en la generación de empleos y en la recuperación económica de los municipios.
 
Señaló que el Buen Fin representa una oportunidad para que las y los trabajadores cuenten con un ingreso adicional que les permita organizar mejor su economía, aprovechar los descuentos de manera consciente y contribuir a la reactivación comercial del estado.
 
Al incentivar la circulación del dinero dentro del territorio yucateco, se busca que el beneficio alcance no solo a los servidores públicos, sino también a las pequeñas y medianas empresas, productores y prestadores de servicios locales.
 
El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con mantener finanzas públicas sanas, lo que permite implementar este tipo de acciones sin comprometer el equilibrio presupuestal.    Asimismo, subrayó que decisiones como esta forman parte de una política de responsabilidad social que prioriza el bienestar del personal estatal, fortalece su poder adquisitivo y promueve el desarrollo económico de Yucatán. 

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